Se ha procedido a la aprobación del Plan Director de Vivienda (2002-2005) cuyo objetivo prioritario ha sido el incremento de la oferta de vivienda protegida y la puesta en el mercado de 25.400 nuevas viviendas.
El Plan contempla la construcción de 8.900 nuevas viviendas de protección oficial para la venta, 7.300 nuevas viviendas sociales para alquiler, 5.000 viviendas vacías movilizadas para alquiler y 4.200 ayudas a la compra de vivienda libre usada.
En el periodo 2002-2004 se han iniciado un total de 16.106 nuevas viviendas protegidas, alcanzando así la cifra prevista para el conjunto del cuatrienio del Plan (2002-2005). Con ello se logra una cuota de mercado del 31,4% en el periodo. El 18% de las viviendas protegidas son viviendas en régimen de alquiler.
Se ha puesto en marcha el Programa Vivienda Vacía – Bizigune, mediante el cual la Sociedad Pública VISESA, arrienda una vivienda vacía libre, garantizando al arrendador la conservación de la vivienda y la percepción de la renta, así como una ayuda máxima de 18.000 euros para su reforma y puesta en uso y al arrendatario el alquiler de la misma a un precio moderado, inferior al de mercado.
Desde la puesta en marcha del programa Bizigune en 2003 se ha movilizado un total de 1.285 viviendas vacías para su puesta en alquiler y en el periodo 2002-2004 se han concedido 2.582 ayudas para la compra de viviendas usadas.
En colaboración con la iniciativa social de las Cajas de Ahorros Vascas, se han creado las Sociedades Participadas Orubide y Alokabide, dirigidas a promover la construcción y arrendamiento de viviendas de protección oficial.
Señalar que este conjunto de acciones ha supuesto que Euskadi sea líder en el conjunto del Estado en materia de vivienda, tanto en la construcción de vivienda, en la compra de suelo para vivienda, como en actuaciones de rehabilitación protegida de viviendas.
El Consejo de Gobierno aprobó el 21 de septiembre de 2004 el Proyecto de Ley de Suelo y Urbanismo, que tiene como objetivos la eliminación de las prácticas especulativas inmobiliarias, la recuperación de la iniciativa pública en las actividades urbanísticas, preservar el derecho de los ciudadanos a la vivienda y la introducción de nuevos mecanismos de intervención administrativa en el mercado del suelo.
